ES : [Descarga] Trump alerta sobre “redadas” en iglesias y reabre el debate sobre la libertad religiosa en Corea del Sur

-  Trump expresa su preocupación por las supuestas “redadas muy feroces contra iglesias” en Corea del Sur.

-  La atención internacional se centra en las denuncias de discriminación religiosa bajo el liderazgo posterior a la destitución.

-  Se acusa al presidente y al primer ministro de estigmatizar a un grupo religioso específico.

  -  Las investigaciones repetidas sobre Shincheonji reavivan preocupaciones internacionales en materia de derechos humanos.

 

 

Las críticas al Gobierno de Corea del Sur están aumentando después de que altos funcionarios estigmatizaran públicamente a un grupo religioso específico. Se emitió una orden que instaba a investigar y a “erradicar” al grupo, lo que dio lugar a acusaciones de persecución religiosa.

 

 

Los líderes mundiales —entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— han expresado su preocupación de que tales acciones puedan socavar principios fundamentales de la democracia, en particular la libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado.

 

 

Muchos observadores han expresado su preocupación por el contraste entre la imagen de Corea del Sur como potencia cultural del K-pop y los K-dramas y la creciente percepción de que el país muestra indicios de retroceso democrático.

 

 

El presidente Trump menciona redadas en iglesias en Corea del Sur durante una cumbre en agosto de 2025. (Crédito de la foto: Cheong Wa Dae)

 

 

 

El presidente y el primer ministro de Corea del Sur califican a un grupo religioso de “secta” y piden su “erradicación”, lo que suscita críticas. 

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Crédito de la foto: Cheong Wa Dae)

 

El 12 de enero, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, condenó públicamente a la Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony (en adelante, “Shincheonji”) y a otros grupos religiosos, y declaró que “el daño que causan a la sociedad ha quedado sin control durante demasiado tiempo, lo que ha provocado perjuicios graves”.

 

 

Al día siguiente, el primer ministro Kim Min-seok se hizo eco de las declaraciones del presidente durante una reunión del gabinete y ordenó una investigación conjunta sobre el “grupo seudorreligioso” y la “secta”, con el objetivo de su “erradicación”.

 

 

Tras estas declaraciones, se constituyó un equipo conjunto de organismos encargados de hacer cumplir la ley y las investigaciones están en curso. Los debates en marcha en la Asamblea Nacional sobre el nombramiento de un fiscal especial han suscitado preocupación por la posibilidad de que se adopten medidas coercitivas adicionales, incluida una operación de registro e incautación.

 

 

El artículo 20 de la Constitución de Corea del Sur garantiza la libertad de religión como un derecho fundamental. Aun así, las declaraciones del presidente Lee Jae Myung —sin que exista una resolución judicial— que señalan a Shincheonji como responsable de daños sociales han suscitado preocupación de que “la autoridad del Estado esté fomentando el estigma y la hostilidad hacia una religión específica”.

 

 

Los críticos sostienen que las declaraciones del presidente parecen socavar principios constitucionales y democráticos. La elección del presidente Lee Jae Myung se produjo tras la destitución del expresidente de Corea del Sur, que tuvo lugar después de una declaración inconstitucional de la ley marcial.

 

 

 

Shincheonji responde: “Las investigaciones selectivas repetidas equivalen a discriminación religiosa”

 

El presidente Lee Jae Myung durante operaciones de registro e incautación en 2020 en instalaciones de Shincheonji. (Crédito de la foto: Gyeonggi Province)

 

La Shincheonji Church of Jesus, fundada en 1984 por el presidente Lee Man-hee, es una organización cristiana de rápido crecimiento, que informa incrementos de más de 100.000 miembros al año. Algunos analistas sugieren que la expansión y la visibilidad del grupo podrían haber contribuido a un mayor escrutinio político y social.

 

La organización se convirtió por primera vez en un objetivo principal de la acción estatal durante el brote de COVID-19 en 2020. En ese momento, las autoridades llevaron a cabo investigaciones a gran escala por presuntas infracciones de las leyes sobre enfermedades infecciosas. Shincheonji informó de más de diez operaciones de registro e incautación dirigidas contra su sede y sus iglesias filiales.

 

El presidente Lee Jae Myung, que en ese momento era gobernador de la provincia de Gyeonggi, adoptó una postura de línea dura y encabezó personalmente una entrada forzada en la sede de Shincheonji.

 

Los tribunales de Corea del Sur absolvieron posteriormente a Shincheonji de los principales cargos, incluidos los presuntos incumplimientos de la Ley de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas. En respuesta, Shincheonji declaró que “aunque se han presentado numerosas denuncias y acusaciones contra nosotros, los tribunales han retirado sistemáticamente los cargos o han dictaminado ‘no culpable’”, y añadió que “cuestiones ya resueltas por el poder judicial están siendo ahora recicladas como instrumentos para ataques políticos y públicos”.

 

La iglesia subrayó que es “una comunidad religiosa sin intención de involucrarse en conflictos políticos” e instó a las autoridades a “dejar de utilizar a una religión específica como chivo expiatorio mientras se habla de unidad nacional”.

 

 

El escrutinio internacional se intensifica mientras el presidente Trump

y grupos de defensa de la democracia expresan preocupación.

 

 

Captura de pantalla de una publicación en Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 

 

La preocupación internacional ha aumentado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió a acusaciones de que el Gobierno de Corea del Sur ha llevado a cabo “redadas muy feroces” contra iglesias y ha entrado en bases militares de Estados Unidos para recopilar información. En agosto, una publicación del presidente en Truth Social indicó que podría estar produciéndose “una purga o una revolución” en Corea del Sur.

 

Los observadores señalan que es muy inusual que el líder de una nación aliada exprese públicamente su preocupación por las prácticas internas de aplicación de la ley de otro país.

 

En diciembre, la International Democracy Union (IDU) afirmó que Corea del Sur debería ser objeto de seguimiento en cuanto a su adhesión a los principios fundamentales de gobernanza y a la protección de los derechos fundamentales. Resoluciones de esta naturaleza dirigidas a Corea del Sur son poco frecuentes, especialmente en cuestiones relacionadas con la gobernanza y el Estado de derecho.

 

La libertad de religión está expresamente protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), y toda injerencia del Estado debe cumplir los criterios de legalidad, proporcionalidad y mínima restricción.

 

Este caso plantea una pregunta fundamental para las democracias liberales: ¿hasta qué punto puede el Estado intervenir en asuntos religiosos y en derechos civiles fundamentales? La atención internacional se está centrando en el futuro de la democracia de Corea del Sur, a medida que el país carga con el peso de esta cuestión.

 

 

 

 

 [Le rogamos consultar los detalles a través de la nota de prensa íntegra y el comunicado oficial adjuntos.]